Congreso dilata instalación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Ética
Del Parlamento disuelto quedó en el tintero denuncias contra, por ejemplo, fiscales supremos vinculados a Los Cuellos Blancos. El nuevo Legislativo también acumula acusaciones éticas contra sus representantes.
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Michael Machacuay
Twitter: Mike_iMach
Con retrasos. Dos meses después de iniciar funciones, el Congreso de la República no define cuándo instalará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética, grupos especiales de trabajo que serán clave para la fiscalización legislativa en su corto periodo de gestión.
Aunque ambas comisiones tienen pendientes denuncias por resolver, solo la subcomisión arrastra del Parlamento pasado procesos estancados por la disolución constitucional, como la serie de casos que vinculan a algunos fiscales supremos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
LA HERENCIA DE LOS DISUELTOS
Una de estas acusaciones es la que pesa contra el fiscal Pedro Chávarry, quien fue denunciado constitucionalmente por la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, en mayo del 2019 por el presunto delito contra la conservación e identidad de objeto (instigador) por el caso de oficinas lacradas de la Fiscalía. La denuncia incluía el delito de encubrimiento personal y real, pero fue desestimado.
Este subgrupo también deberá definir el futuro de la exparlamentaria Luciana León. El Ministerio Público acusa a la renunciante militante del Apra de ser parte de la organización criminal Los Intocables Ediles.
En junio del año pasado, Ávalos también presentó una acusación contra el excongresista Roberto Vieira por el presunto delito de tráfico de influencias y, cinco meses después, en noviembre, formalizó denuncias constitucionales contra los exlegisladores Javier Velásquez (Apra) y José Palma (Cambio 21) por el caso Los Temerarios del Crimen.
La fiscal concluyó que los exparlamentarios serían responsables del delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada, pero eso no es todo. En esta carpeta también acusó por cohecho pasivo al excontralor Edgar Alarcón, quien hoy es congresista por Unión por el Perú (UPP) y flamante presidente de la Comisión de Fiscalización.
Otra denuncia que podría sumarse a esta agenda sería el inicio de un proceso contra la exvicepresidenta de la República Mercedes Araoz y los integrantes de la Mesa Directiva (Pedro Olaechea, Karina Beteta, Salvador Heresi y Marvin Palma) que la juramentaron como mandataria encargada tras el cierre del Legislativo. Así lo anticiparon en el primer pleno virtual del 7 de mayo los representantes de las bancadas de Podemos, UPP y el Frente Amplio (FA).
Al margen de los procesos pendientes que acumula la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, su funcionamiento depende de la Comisión Permanente, grupo que debe ser convocado por el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular). De hecho, el pasado 29 de abril, la parlamentaria FA, Mirtha Vásquez, ya solicitó sin éxito la sesión de este grupo especial.
ÉTICA EN EL LIMBO
Antes de definir la instalación virtual de las 24 comisiones ordinarias del Congreso la última semana de marzo, el funcionamiento de la Comisión de Ética fue un tema que se discutió en la Junta de Portavoces con una fórmula distinta para que funcione. Se planteó, por ejemplo, que deje de ser especial para que entre en la distribución de las nueve bancadas y que la integre un miembro por cada bloque. Ninguna propuesta prosperó.
Hasta la fecha, esta discusión no se volvió a retomar oficialmente en la reunión de voceros o la Mesa Directiva, según pudo conocer este blog, pues la agenda está abocada a los asuntos vinculados a la emergencia nacional causada por la propagación del COVID-19.
Sin embargo, el 4 de mayo último el Partido Morado (PM) demandó a Merino que "acelere" la instalación de Ética tras la denuncia difundida por el dominical "Punto Final" contra el congresista José Luna (Podemos Perú) por, a través de su empresa, retener los aportes de sus trabajadores al Sistema Privado de Pensiones (AFP) o al sistema nacional de pensiones (ONP).
Otras denuncias que podrían llegar a este grupo son de los parlamentarios que el 21 de marzo pasado usaron un vuelo humanitario para trasladarse de Lima a Cusco. Los legisladores que se colaron en el vuelo de la FAP son Matilde Fernández de Somos Perú (SP), Juan de Dios Huamán del Frepap y Rubén Pantoja de UPP. Este último aprovechó el viaje para trasladar a varios integrantes de su familia.
Finalmente, en la agenda también podría ser contemplado el caso de la parlamentaria Norma Alencastre (SP), quien fue captada atendiendo en dos oportunidades en su farmacia de Áncash durante el estado de emergencia. El artículo 92 de la Constitución precisa que “la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”.
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