Ejecutivo evalúa alternativas para deshacinar penales tras rechazo del Congreso

Fuentes de la PCM indicaron que no descartan atender situación mediante un decreto. El juez César San Martín, no obstante, pide al Parlamento reconsiderar archivo de proyectos.

Michael Machacuay

Twitter: Mike_iMach

El gobierno del presidente Martín Vizcarra no se quedará de brazos cruzados para resolver el hacinamiento en los penales del país en medio de la emergencia por el COVID-19, luego de que el Congreso archivara el pasado sábado los proyectos del Ejecutivo y del Poder Judicial.

Según indicaron a este espacio fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se vienen “evaluando todas las alternativas” para evitar que se vuelva “incontrolable” la propagación del coronavirus en las prisiones, donde hasta abril se reportaron 645 casos positivos y 30 fallecidos.

En este marco, no se descarta que el Ejecutivo atienda esta situación y la de los centros juveniles, mediante un decreto o solicite nuevas facultades legislativas al Congreso, manteniendo el espíritu del proyecto legislativo archivado, que impactaba en la población penal de 30 mil procesados.

Precisamente, dicha iniciativa plantea la cesación de la prisión preventiva para todos los internos que se encuentren en calidad de procesados y que cumplan determinados requisitos, como que la medida que cumple no haya sido dictada por delitos contra el cuerpo y la salud, terrorismo, lavado de activos, el patrimonio, la seguridad pública, entre otros considerandos. 

ESPERAN RECONSIDERACIÓN DEL CONGRESO

En representación del Poder Judicial, el juez supremo César San Martín solicitó ayer al Congreso que “retome” el análisis de los proyectos que buscaban el deshacinamiento de los centros penitenciarios. En declaraciones a Ideeleradio expresó que le causó “mucho malestar” la postura del Poder Legislativo.

“Yo le pido al Congreso, desde luego, con el mayor respeto y consideración de que retome la opción normativa, que se pongan de acuerdo, que tomen en cuenta los riesgos para la salud. Mientras más nos demoremos, el riesgo de muertes es cada más grave, no es que uno desconfíe del INPE, sino que está rebasado por la propia pandemia que se está expandiendo. Hay que tener presente la necesidad de un cambio normativo. Y les digo siempre, el factor prioritario es la salud”, remarcó.

La postura del magistrado coincide con la del premier Vicente Zeballos, quien también lamentó el último domingo el archivo de dos informes respecto a los proyectos que archivó la Comisión de Justicia, que preside la congresista de Acción Popular (AP), Leslye Lazo.

“Lamento que el dictamen en mayoría ni el de minoría hayan sido aprobados, lamento esto porque no facilita lo que es deshacinamiento en los penales, hacemos una respetuosa invocación al Congreso de que temas tan críticos sean de su prioridad en cuanto a su tratamiento”, dijo.

La congresista Lazo, por su parte, reconoció que el Congreso no adoptó una adecuada decisión al rechazar las iniciativas sobre los penales. En entrevista con El Comercio, apuntó que el Parlamentó priorizó el cálculo político antes de la emergencia.

“Las bancadas que consensuaron conmigo, y cuyos aportes se acogió para consensuar y sacar este tema, finalmente se voltearon por algunos intereses políticos. Porque se cerró la brecha para que salgan los delitos de corrupción de funcionarios, prevaricato, etcétera”, protestó.