Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tienen conflictos por investigaciones

En el pasado, uno de ellos fue defensor legal de Pedro Chávarry mientras que otra es la actual abogada de Fuerza Popular. Otros arrastran investigaciones en la Fiscalía. 

Michael Machacuay

Twitter: Mike_iMach

La idoneidad de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está en tela de juicio antes de que empiece a funcionar el subgrupo de trabajo, pues algunos de sus integrantes tienen conflictos con investigaciones que podrían llegar a ser evaluadas en esta instancia.

Aunque no se ha definido qué casos agendará la subcomisión, que preside el congresista de Acción Popular (AP), Luis Roel; este blog pudo conocer que se dará “prioridad” a los procesos estancados del Parlamento disuelto, como de Los Cuellos Blancos del Puerto y exparlamentarios procesados.

CONFLICTOS BAJO LA LUPA

En este marco, la intervención de legisladores vinculados a cualquiera de estas carpetas llamará la atención, como en el caso de Fuerza Popular (FP) y sus dos representantes, Martha Chávez y Carlos Mesía.

Chávez es la actual abogada de su partido político, que como persona jurídica viene siendo investigada por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público a raíz de los aportes que habría recibido la organización política de Odebrecht para las campañas de Keiko Fujimori.

Precisamente, la subcomisión tiene encarpetadas las investigaciones de excongresistas de este bloque, como Héctor Becerril, quien fue vinculado a la organización Los Wachiturros de Tumán. 

En el caso de Mesía, se desempeñó el año pasado como abogado del fiscal supremo Pedro Chávarry, señalado por el Ministerio Público como integrante de la red Los Cuellos Blancos del Puerto. Cabe precisar que en el subgrupo está pendiente resolver una denuncia vinculada al fiscal.

Otros señalamientos que revelan conflictos en esta instancia ocurre en Unión por el Perú (UPP). De la misma forma, sus dos representantes en la subcomisión generan dudas. José Vega, su vocero, conversó en abril del 2018 con el entonces juez supremo César Hinostroza para conseguir favores, según el audio que transcribe La República. El magistrado hoy es procesado como cabecilla de Los Cuellos Blancos.

El otro miembro de esta bancada Edgar Alarcón también es objeto de cuestionamientos. El 2017 fue destituido de la Contraloría General de la República y arrastra siete investigaciones penales.

Eso no es todo. En el subgrupo que lidera Luis Roel (AP) hay miembros de su propio bloque con procesos abiertos, como su propio portavoz, Otto Guibovich. El Comercio reveló que desde setiembre del 2019 es investigado por negociación incompatible y colusión. Además, en febrero pasado se denunció que habría omitido información en su hoja de vida para postular al Congreso.

Jorge Vásquez es el otro acciopopulista en la mira del Ministerio Público. En setiembre del año pasado, la fiscal Gloria Soto formalizó investigación en su contra por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como director ejecutivo del Plan Meriss Inka del Gobierno Regional del Cusco, en 2011, según informa La República.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se instaló oficialmente el viernes 5 de junio en una sesión virtual. Extraoficialmente, Roel indicó entonces que “hay más de 100 casos pendientes por resolver. 

“El trabajo de la subcomisión debe centrarse en cumplir la promesa de que somos un nuevo congreso que reconoce la imperiosa necesidad de luchar contra la corrupción”, dijo.

El principal objetivo que persigue este subgrupo es calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales y realizar los procesos respectivos contra altos funcionarios, como los miembros del Congreso, jueces y fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, entre otros.

Miembros:

“DEBE ABSTENERSE”

El probable conflicto que pueda surgir durante el trabajo de la Subcomisión son algunos de sus integrantes fue visto con preocupación por el exdefensor del Pueblo Walter Albán, quien a la agencia Andina señaló que quienes hayan tenido algún vínculo con Chávarry deben “abstenerse” de participar en esta instancia del Congreso.

“Este Congreso no puede seguir la línea del anterior Parlamento disuelto, sino evitar que sus acciones sean materia de cuestionamientos”, señaló haciendo alusión a la situación de Carlos Mesía.